 |
A fin de reemplazar el Código Penal hoy vigente y reformular ciertos aspectos claves de la persecución penal, mediante DECRETO 678/2012, del 7/05/2012, la SRA. PRESIDENTA DE LA NACIÓN conformó una comisión especial de expertos para la elaboración del anteproyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación. Entre los propósitos de esta reforma se encuentran los de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales; restablecer la coherencia originaria de las disposiciones del Código Penal, afectada a partir de las múltiples y sucesivas reformas dadas desde su sanción en el año 1921; la unificación de las normas penales dispersas en numerosas leyes particulares, buscando la sistematicidad del sistema punitivo; y una mejor armonización en las codificaciones penales, con el propósito de favorecer la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, a partir de los actuales procesos de integración internacional. Dicha Comisión de Expertos contó además con la asistencia y la colaboración de las áreas competentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Asimismo, ante un requerimiento expreso del Coordinador el anteproyecto de reforma y a fin de promover la implementación de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción (en virtud de las convenciones suscriptas en los ámbitos de la OEA, la ONU y la OCDE), en abril de 2013 la Oficina Anticorrupción, envió al Sr. Ministro de Justicia y a cada uno de los miembros de la Comisión de Reforma del Código Penal el presente documento con una serie de consideraciones y sugerencias de redacción normativa, vinculadas con la lucha contra la corrupción tanto a nivel doméstico como internacional. Entre esas consideraciones se incluyeron temas relativos a: la extensión de la jurisdicción penal por criterio de nacionalidad; definiciones de funcionario público, funcionario público extranjero y funcionario de un organismo público internacional; decomiso del producto del delito; responsabilidad de personas jurídicas; colaboración con las autoridades judiciales y/o del Ministerio Público Fiscal; protección de testigos y denunciantes; abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos; cohecho; ejercicio y tráfico de influencias; defraudación contra la Administración Pública; enriquecimiento ilícito; omisión maliciosa de presentación y falsedad de declaraciones juradas; y circunstancias especiales agravantes de las penas.
Como producto del trabajo realizado durante aproximadamente dieciocho meses, el 13 de febrero de 2014, la Presidenta de la Nación recibió en la Casa de Gobierno el anteproyecto de reforma al Código Penal, elaborado por esta Comisión de Expertos. Finalmente, por Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N° 567/14, del 21/04/2014, ese proyecto fue puesto en consideración de las universidades públicas y privadas alrededor del país, para que en hagan sus aportes y luego ser enviado al Congreso de la Nación.
|
|
